- Y, al final, terminó usted en Madrid.
- Estuve dudando si hacer oposiciones a Registros o a Letrado de las Cortes. En 1978, y, coincidiendo con los debates de la Constitución, don Manuel Fraga Iribarne me pidió que formara parte como asesor en el grupo parlamentario. Desde esa dimensión técnica, trabajé en el Parlamento, desde 1978 a 1983. Tenía fama de seria, rigurosa y muy trabajadora. Me recuerdan siempre rodeada de papeles. Es la otra parte de mi temperamento.
- Quienes la conocen bien dicen que tiene usted muy mal genio pero que, al mismo tiempo, es muy extrovertida.
- Será mi herencia balear. Pero sí, soy muy trabajadora y me gusta estudiar los temas con profundidad.
- En 1983, cuando eligen a Joaquín Ruiz Giménez primer Defensor del Pueblo, éste le propone como adjunto, junto a Álvaro Gil Robles. ¿Qué supuso esa experiencia para usted?
- Haber formado parte de la institución del Defensor del Pueblo durante más de catorce años ha sido para mí una larga, fructífera e impagable experiencia constitucional. Fui adjunta segunda, primera, y Defensor del Pueblo en funciones, los últimos dos años y medio. Y tuve, en este periodo, la total confianza de todo el espectro parlamentario y el apoyo ciudadano. Es una experiencia que muy pocos pueden tener.
- ¿Qué tanto por ciento de gente que acude al Defensor del Pueblo se siente satisfecha de las respuestas que reciben de éste?
- Quien mejor podría responder a esta pregunta es el actual Defensor. Esta Institución goza de un alto conocimiento en la vida pública española. De cada cuatro españoles que se han dirigido a la misma, tres dicen que estaban total o parcialmente satisfechos pero que, en todo caso, se les había atendido. Y sólo uno se queja de que no se le había escuchado bien. Conozco bien el Ombudsman en el Mundo porque fui directora europea de esta institución internacional, junto con los representantes de Noruega, Suecia, Dinamarca e Inglaterra. Contribuí a consolidar la influencia del Defensor del Pueblo en Iberoamérica. Y creo, en definitiva, que es un elemento clave de la constitucionalidad moderna y que España dio un gran paso, en este sentido. La actuación de esta Institución en estos años ha sido un trabajo riguroso, ejemplo para otros países.
- ¿Cuántos países europeos carecen aún de esta figura?
- Muy pocos. Sólo Bélgica, Luxemburgo, Italia y alguno más.
- ¿Cómo está la aplicación de la Ley del Jurado?
- El Consejo General del Poder Judicial acaba de hacer un estudio de su aplicación hasta marzo del 97. En él se constata una tendencia a la huida del Jurado, un cierto sesgo hacia la benevolencia que se deja notar en los veredictos, y motivaciones insuficientes de los mismos. No hemos entrado todavía en la formulación de propuestas concretas porque, en este momento, estamos haciendo un segundo informe actualizado y más concreto. Hay que estudiar los recursos de apelación del Jurado ante las Salas de lo civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia que permitirá una valoración de la institución con suficiente fundamento. Creo que es imprescindible una reflexión más profunda que permita proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y se valore la conveniencia de no dictar respuestas apresuradas a ciertas situaciones de evidente repercusión pública que no deben confundir un juicio sosegado. He pedido un esfuerzo para deslindar extremos que conducen a corregir deficiencias técnicas de las que tienden a mermar el alcance y la intensidad del Tribunal del Jurado. Creo también que es imprescindible una formación de una opinión más consolidada y que se debe proteger al Jurado de determinada presión que puedan ejercer los medios de comunicación.
- ¿Cómo ve usted la situación judicial de Baleares?
- No es distinta a la que pueda existir en otros territorios judiciales, aunque el hecho de la existencia de la insularidad, el obligado desplazamiento de Secciones de la Audiencia, de Jueces a Menorca o a Ibiza, plantea aspectos que deben ser valorados. A los ciudadanos les preocupan las excesivas dilaciones, bien conocidas. A todos, el elevado índice de asuntos pendientes y registrados, básicamente no solo en materia civil, sino también en materia contencioso administrativa. Si a ello unimos el mal estado de algunas dependencias judiciales, las evidentes necesidades materiales, la estabilidad del personal auxiliar y la exigencia de un nuevo planteamiento de oficina judicial coherente que no esté dividida en compartimentos estancos, proporciono un panorama de necesidades evidentes. Por otra parte, los jueces y magistrados de Baleares soportan una elevada carga competencial. Una justicia de calidad en las islas exige que se avance en el proyecto de construcción del nuevo edificio judicial, que se continúe en la línea de informatización abierta con el convenio suscrito con el Gobern, que se intensifiquen los planes de formación continua del Consejo... En definitiva, actuaciones urgentes e inmediatas de todas las Administraciones competentes en el campo de la Justicia. Porque invertir en Justicia es rentable, lo exige la confianza de la Justicia.
Mañana: Margarita Retuerto (III). La mujer, en este país.
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